martes, 16 de septiembre de 2008

“La Lucha contra la Corrupción como problema global”

En la actualidad la lucha contra la corrupción es uno de los desafíos que nuestro país, América Latina y, el mundo en general debe enfrentar. Dejo de ser un problema local o regional, para convertirse en un problema global que se ha extendido a todos los ámbitos de la vida pública y privada, que afecta la vida institucional, económica, social y cultural de un país.

Sin duda, la corrupción lesiona seriamente la buena gestión pública, la legitimidad de los poderes e instituciones públicas y el sistema democrático, lo que supone altos costos para los países, pero sobre para los más pobres; pues ello impide que puedan alcanzar mejores condiciones de vida.

En la era de la globalización, los Estados que se preocupen por sus variables macroeconómicas deberán adoptar medidas para luchar contra la corrupción, para ello deberán atender a las nuevas realidades tecnológicas que los propios actores de la corrupción utilizan.

La apertura de los mercados ha creado un ambiente propicio para que las actividades ilícitas, a través de organizaciones criminales, puedan cruzar las fronteras con mayor facilidad, sofisticación, alcance e intensidad.

En este contexto, resulta de suma necesidad contar con reglas comunes que permitan a los Estados tener las herramientas necesarias que los acuerdos internacionales y nacionales establecen para luchar contra la corrupción de manera eficaz.

Al respecto, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (1996). En su Preámbulo, señala que unos de los medios para combatir la corrupción en nuestros países es crear conciencia y estar convencidos de la gravedad del problema; además, se dice que por causa de la globalización la corrupción trasciende las fronteras, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente.

Por su parte la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2002), representa un documento de suma importancia porque recoge los distintos delitos de corrupción y define lo que son los grupos delictivos organizados. Dicho instrumento transnacional, en su artículo 8º penaliza lo que considera corrupción, y además estipula que los países signatarios deben adecuar sus ordenamientos para tipificar el delito de corrupción.

Asimismo, la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas (2003), es documento novedoso e importante que expresa en su Preámbulo que la corrupción ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un problema internacional, es decir, un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace necesaria una mayor cooperación internacional.

De otro lado, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción (2007), establece que la lucha contra la corrupción es responsabilidad de los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con la participación de la sociedad en su conjunto, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces.

En el contexto nacional, en julio de 2002, se impulsó por el anterior gobierno democrático, el Acuerdo Nacional que constituye un conjunto de políticas de Estado (31) elaboradas por consenso por los representantes de las organizaciones políticas, de la sociedad civil y del Gobierno. Al respecto, la política de Estado acorde con la lucha contra la corrupción es la Vigésimo Sexta Política de Estado, que señala la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.

Además, se ha elaborado el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2006), documento consensuado surgido del grupo de trabajo, integrado por PCM, MINJUS, PNP, MINEDU, PJ, MP, DP, CG y MEF. En calidad de invitados participaron, entre otros, la CONFIEP, Empresariado, CAL, ONGs y la Iglesia Católica.

Dicho Plan Nacional consta de cinco partes: Marco teórico que desarrollar los conceptos fundamentales sobre la corrupción; el marco internacional de la lucha contra la corrupción en forma global; realiza un breve diagnóstico de la corrupción en el Perú; sustenta el compromiso del Perú en la elaboración de un Plan y; señala el Plan de Acción: El desarrollo de la lucha contra la corrupción en el Perú y el fomento a la ética ciudadana.

La nueva tarea del Poder Ejecutivo, en materia anticorrupción, luego de la desactivación del Consejo Nacional Anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción respectivamente, está vinculada al tema de Transparencia y Ética por lo que se ha encargado a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que a través de la Secretaria de Gestión Pública, formule coordine y evalúe las políticas de la ética y transparencia en la función pública (Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM, publicado el 14/08/08).

En ese marco, es pertinente mencionar que contamos con normas de trascendencia nacional, para la transparencia, la ética y eficiencia en el sector público y privado, así como para la lucha contra toda forma de corrupción y de conductas no éticas, tales como: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de parientes en el sector público; Ley del Código de Ética de la Función Pública; Ley de los derechos de participación y control ciudadano; entre otras.

Las nuevas estrategias y medidas de prevención contra la corrupción deberían comprender una ampliación de la tipificación penal nacional acorde con las convenciones suscritas (corrupción transnacional, cooperación internacional penal para intercambio de información, etc.); la promoción de la ética y de la transparencia de la función pública, así como el acceso a la información pública y control ciudadano; la incorporación del delito de omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas; consolidación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y; la implementación del Plan Nacional contra la Corrupción que involucre a todos los actores sociales, incluido la sociedad civil, empresarios, y medios de comunicación social.

En consecuencia, en el presente y en el futuro, el equilibrio democrático del poder, la autonomía de los poderes del Estado, el afianzamiento del proceso de descentralización (gobiernos regionales), el respeto a las instituciones vecinales (municipios), la elección democrática de funcionarios (Defensor del Pueblo, Contralor de la República, Fiscal de la Nación etc.) y la libertad de prensa (medios de comunicación), así como el afinamiento y consolidación de los procedimientos de fiscalización y control de la ciudadanía en la función pública, constituyen parte indispensable de toda estrategia para luchar contra la corrupción.

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